Docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Investigadora del Observatorio de Violencia Urbana y Paramilitarismo del Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos (CEPAZ).
La injerencia paramilitar en las instituciones de educación superior públicas de Colombia a lo largo del conflicto armado ha dado lugar a una serie de prácticas y dinámicas que, como ejemplifica la Comisión de la Verdad en el Caso 52 sobre Universidades y Conflicto Armado, evidencian que éstas no fueron ajenas a la violencia política, la estigmatización y la persecución por parte de actores armados, tanto legales como ilegales. Grupos académicos y de investigación de instituciones como la Universidad Nacional, las universidades del Caribe, la UIS y la de Antioquia, entre otras, han abordado este tema para construir colectivamente una narrativa sobre las afectaciones del conflicto a la comunidad universitaria. Sin embargo, la Universidad Pedagógica Nacional, que actualmente está en proceso de elaborar su respectivo informe, aún tiene la deuda pendiente de reconstruir esas memorias.
Al menos desde la década de 1970, la Universidad ha sido blanco de ataques por parte de grupos armados ilegales, que además de cobrarle la vida a personas de la comunidad estudiantil, docente y trabajadora, han propiciado el exilio, la persecución y la estigmatización. Desde entonces, pero sobre todo a partir de los 2000, el perfilamiento de la universidad como un núcleo insurgente ha sido una constante, situación que incluso ha favorecido la infiltración de agentes estatales en las aulas educativas y que, a raíz de ello, en diversas ocasiones la comunidad universitaria se viera obligada a elevar múltiples denuncias, especialmente tras los falsos positivos judiciales de los cuales han sido víctimas tanto estudiantes como profesores.
No obstante, en los últimos años ha surgido una nueva preocupación. En un contexto de aparente tranquilidad, tras la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las FARC, y con la llegada del gobierno progresista de Gustavo Petro, que ha reabierto el diálogo sobre las universidades públicas, la comunidad universitaria señala el surgimiento de nuevas violencias, aparentemente alimentadas por una alianza estratégica entre grupos aún no identificados, que buscan el control de la universidad especialmente en torno a los negocios ilícitos como el microtráfico.
Entonces, ¿podemos hablar de la persistencia de este fenómeno en la universidad? La continuidad de algunas prácticas de persecución y perfilamiento hace que, aún hoy, el debate sobre si estamos ante una nueva generación paramilitar continúe siendo relevante, especialmente por una serie de sucesos que responden a lógicas criminales muy similares a las que actualmente azotan a ciertos sectores populares de la ciudad, y que responden a unos poderes mafiosos instalados para apoderarse del negocio de actividades ilegales igual de rentables que el microtráfico [1].
El Observatorio de Violencia Urbana y Paramilitarismo del Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos, interesado en el estudio del fenómeno del paramilitarismo y sus nuevas posibles facciones, se encuentra en la fase de alistamiento de una investigación que busca reunir las memorias y experiencias de diferentes universidades públicas del país respecto a las afectaciones del paramilitarismo a la comunidad universitaria. Este esfuerzo, además de aportar al conocimiento académico y político sobre el conflicto, busca profundizar en la discusión sobre las rupturas y continuidades de un fenómeno que se ha reciclado a lo largo de la historia reciente.
[1] Rodríguez, V. (2023), Paramilitarismo en Bogotá. Bajo la sombra del narcotráfico y la política contrainsurgente. En Sánchez et al. (pp. 185-210). Universidad Pedagógica Nacional.
