Malos tiempos para las democracias latinoamericanas

La singular vida política latinoamericana ha entrado, como sucede en buena parte del actual orden global, en un proceso de desdemocratización. Podríamos pensar que ello, como han evidenciado no pocos trabajos funcionalistas de la Ciencia Política -como el de Samuel Huntington- es resultado de procesos expansivos y constrictivos de la democracia como forma de gobierno. Igual que hubo ciclos democratizadores a finales del siglo XIX, después de la Segunda Guerra Mundial, en la década de los setenta o tras el desmantelamiento de la Unión Soviética, han transcurrido períodos de algidez autoritaria. Así, los totalitarismos de los años treinta o el auge de las dictaduras en los setenta son precuelas de un proceso como el referido, de crisis y rezago del esplendor democrático.

Si revisamos indicadores como los que nos ofrece el índice de integridad electoral o Freedom House, parece inevitable asumir el empeoramiento de las libertades y garantías en buena parte de los órdenes democráticos actuales. De hecho, apenas el 7% de la población del planeta vive bajo plenas garantías democráticas. Sobre la base de estas circunstancias, las endebles democracias latinoamericanas -como igual sucediera con Estados Unidos, pero no con Canadá, en el hemisferio occidental- han involucionado en sus estándares democráticos, tal y como sucede en el continente europeo.

A tal efecto, son muchos los razonamientos que se pueden argüir. Tal vez, uno especialmente evidente guarda relación directa con la pérdida de influencia del voto económico. Por lo general, durante mucho tiempo, la profunda inequidad social y económica de la región, fuertemente afectada por prácticas abusivas de desregulación, privatización y desdibujamiento de la arquitectura institucional de Estados escasamente eficientes en el diseño y desarrollo de sus políticas públicas, no era condición suficiente para definir el color ideológico de la jefatura del gobierno. A excepción casi del Cono Sur, en donde el voto económico (como en Argentina) o la disputa partidista centrífuga (como en Uruguay), el conservatismo ha sido predominante después del ocaso de las dictaduras en los sesenta y setenta del siglo pasado.

Empero, el ciclo progresista erigido desde una notable bonanza económica, en muchos casos, altamente dependiente de las commodities, y un hastío para con unas elites tradicionales, económicas y políticas, tendentes a patrimonializar lo público en beneficio propio, ofrecieron una ventana de oportunidad política para transformaciones políticas y sociales que, dos décadas después se encuentran profundamente deslucidas. Y es que, la pérdida de fuerza de un voto económico favorable para la izquierda -y que en Argentina marcó por décadas el resultado electoral- ha quedado superada por una preeminencia inestimable de un voto, no sé si se puede llamar cultural, que gravita, se identifica y se proyecta sobre ejes reduccionistas, simplistas y maniqueos. Aspectos respecto de los que cualquier atisbo de democracia deliberativa o consenso sobre mínimos comunes denominadores inalterables para el contrato social devienen altamente imposibles.

Sobre una pulsión política que nutre su identidad y cultura política a través de una nueva forma de comunicar en las redes sociales -caldo de cultivo de mecanismos irreflexivos y manipulativos- se suma una lógica despreciativa sobre el diferente, el minoritario, el desprotegido o el necesitado que, más bien, desemboca en una suerte de colectivo agregado por intereses individuales. Allí el concepto de libertad es profundamente desnaturalizado y frente al cual proyectos colectivos, emancipadores, que enarbolen la bandera de la equidad y la justicia social, tienen cada vez más un difícil asidero en nuestra cotidianidad política.

Es preocupante que lo revolucionario, como sucede también en muchos sistemas democráticos europeos, sea concebido desde el reaccionarismo más propio de la extrema derecha. Es decir, que ser políticamente incorrecto, no sea como en el pasado sucedía con el patrimonio de la izquierda, que entendía que ir contra el statu quo se fundamentaba por la inconformidad de una sociedad frente a un sistema del que reclamaban más derechos, más reconocimientos y más garantías. Mientras que lo democrático, y lo progresista, en su representación más radical, complejiza, matiza y profundiza, lo que demanda de altas dosis y exigencias deliberativas y participativas; lo reaccionario y autoritario, simplifica, reduce e invisibiliza.

Pareciera, a tenor de lo que nos dice el Latinobarómetro, que nuestras sociedades, cada vez menos colectivas y sí más agregadas, reconocen actitudes, valores y anhelos que, profundamente individualistas y autoritarios, se alejan de las exigencias que soportan un verdadero sentido de res pública. Eso lo entienden a la perfección los Milei, Bukele, Noboa, De la Espriella, Bolsonaro o Kast. Una perfidia para con un ethos democrático que, quizá, debería ser más taxativo y menos indulgente con quienes ni quieren lo público ni lo colectivo, y que, todo lo contrario, implosionan desde dentro del Estado su relación con el sistema democrático para desposeerlo de sus principales anclajes sociales a merced de una concepción de la política y lo político cada vez más violenta, excluyente e injusta.