Observatorio de Violencia Urbana y Paramilitarismo (UPN)
Las universidades colombianas fueron escenarios silenciados del conflicto armado. Los informes presentados ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) por varias universidades revelan una realidad que la sociedad apenas comienza a reconocer: el paramilitarismo no solo operó en territorios rurales, sino que ejecutó una estrategia sistemática de “captura” de las universidades públicas, particularmente desde 1998, con consecuencias devastadoras para la autonomía universitaria y el pensamiento crítico.
Los informes entregados a la CEV por las universidades evidencian patrones recurrentes de victimización que van desde el asesinato selectivo de estudiantes, profesores y trabajadores, hasta la criminalización sistemática de la protesta estudiantil. El informe “Genocidio político extendido, continuado, sistemático y premeditado: Victimización de la Universidad Industrial de Santander en el marco del conflicto armado. 1947-2011” caracteriza estos hechos de manera contundente, abarcando más de seis décadas de violencia. Similarmente, “Memorias de la Universidad Nacional en el Conflicto Armado, 1958-2018”, coordinado por Mauricio Archila, y el informe “La violencia política y el conflicto armado en la Universidad de Antioquia 1958-2016” documentan la persistencia temporal de estas dinámicas en las principales instituciones públicas del país.
El caso de las universidades del Caribe colombiano resulta paradigmático. El informe “Genocidio y Paramilitarismo de Estado: contextos explicativos de la violencia en la Universidad del Atlántico en el marco del conflicto armado colombiano” documenta cómo, entre 1998 y 2006, el Bloque Norte y el Frente José Pablo Díaz de las AUC ejecutaron asesinatos selectivos, utilizando panfletos, listas negras y grafitis para infundir terror en el campus. La Universidad del Atlántico, declarada Sujeto de Reparación Colectiva, experimentó la captura paramilitar de sus estructuras administrativas con fines de control de rentas públicas y silenciamiento de la protesta estudiantil. Similarmente, el “Caso Universidad de Córdoba” y el “Informe sobre daños y afectaciones a la Universidad Popular del Cesar” evidencian que esta estrategia regional buscaba cooptar instituciones educativas mediante alianzas con sectores políticos y organismos de inteligencia estatal. Estas investigaciones, complementada con la evaluación de daño a sujetos colectivos afectados por la acción paramilitar: el caso de la Universidad del Atlántico(1990-2011), realizado junto con el Centro Nacional de Memoria Histórica, demuestra que la violencia paramilitar no fue un fenómeno aislado, sino parte de una estrategia “contrainsurgente” que identificó a las universidades como objetivos militares por su supuesta vinculación con movimientos sociales y organizaciones guerrilleras.
La importancia de estos informes radica en varios aspectos fundamentales. Primero, visibilizan la magnitud de los daños: no solo las víctimas letales registradas en bases de datos específicas, sino también las afectaciones colectivas que fragmentaron procesos organizativos estudiantiles, sindicales y académicos. El informe “Sintraunicol: legados de unidad, organización y luchas por la dignidad laboral y la defensa de la educación, 1963-2018” documenta cómo la persecución contra trabajadores universitarios destruyó legados de organización laboral construidos durante décadas. Segundo, estos trabajos evidencian que las instituciones de educación superior fueron deliberadamente atacadas precisamente por su capacidad de generar pensamiento crítico y movilización social.
El informe “Criminalización de Estudiantes en Colombia 2000-2018” del Politécnico Grancolombiano añade una dimensión crucial: la continuidad de estrategias de control mediante mecanismos judiciales y estigmatización mediática, evidenciando que las lógicas de silenciamiento persisten más allá del paramilitarismo armado. Esta investigación permite comprender cómo el Estado colombiano, a través de sus instituciones, contribuyó a legitimar la violencia contra comunidades universitarias mediante narrativas que asociaban la protesta legítima con la “subversión”.
La producción de estos informes entre 2017 y 2022 representa un ejercicio colectivo de memoria que desafía el olvido. La publicación del Caso «Universidades y conflicto armado en Colombia» como parte del informe de la CEV es un avance importante. Sin embargo, el reconocimiento de estas verdades debe trascender los informes y el archivo documental. Las instituciones colombianas enfrentan el imperativo ético de transformar estos hallazgos en pedagogías de memoria, en políticas concretas de reparación simbólica, garantías de no repetición y reformas estructurales que protejan la autonomía universitaria frente a la violencia.
El legado del paramilitarismo en las universidades no es solo una cuestión del pasado. Es un presente que se manifiesta en la autocensura, en los silencios y en la fragilidad de las garantías para el ejercicio libre del pensamiento crítico. Estos informes nos interpelan como comunidad académica: ¿qué universidad queremos construir reconociendo los impactos de la violencia? La respuesta exige memoria, justicia y compromiso inquebrantable con la defensa de la educación pública como espacio de transformación.
