El marco jurídico y las políticas de paz en Colombia deben contar con la participación activa de estudiantes como sujetos activos de compromisos democráticos en la construcción de paz. Defender la gratuidad en la educación superior implica reconocer que el acceso al conocimiento reduce desigualdades históricas, amplía la participación política y previene la violencia estructural que alimenta el conflicto social. En este sentido, las políticas de paz deben ir más allá del silenciamiento de las armas y traducirse en inversión social sostenida, garantías de participación estudiantil y respeto por la protesta social, entendida como una expresión legítima de ciudadanía. Sin derechos garantizados y sin universidades fortalecidas como espacios críticos y plurales, no es posible una paz duradera ni una democracia real en Colombia.